El procurador, figura esencial en el sistema judicial español, no solo debe contar con habilidades técnicas y de gestión, sino también con un profundo conocimiento de la normativa que rigen su actividad profesional.
Las normas que guían el trabajo de un procurador varían en función del tipo de caso, el sector o el área jurídica en la que opere. A continuación, desglosamos las principales leyes con las que un procurador suele trabajar.
Normas para la propia actividad del procurador
Además de las leyes que exploraremos a lo largo del artículo, la actividad de los procuradores está regulada por leyes que definen su propio ejercicio profesional. Por ejemplo, hablamos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establecen su papel en los procedimientos judiciales; el Estatuto General de los Procuradores, que regula su organización y funcionamiento; y el Código Deontológico de los Procuradores, que fija los principios éticos y de conducta que deben seguir en su desempeño.
Estas leyes, junto con otras disposiciones, garantizan una actuación profesional de los procuradores acorde con los principios de legalidad, responsabilidad y eficiencia en la administración de justicia.
Normativa sectorial
De forma complementaria a estas leyes, y dependiendo del ámbito jurídico en el que esté trabajando el procurador, hay distintas normas que regulan la actuación de éste profesional en función del tipo de procedimiento:
Procesos penales: En este ámbito, el procurador deberá manejar las principales leyes penales, como el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim); o la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), entre otras.
Procesos civiles y mercantiles: Además del Código Civil (CC) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el procurador tendrá que conocer leyes concretas en función de si se trata derecho de la persona (Ley del Registro Civil, Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, etc.); derecho de los contratos (Ley de Arrendamientos Urbanos y Ley de Arrendamientos Rústicos); derecho de los consumidores y usuarios (Ley sobre condiciones generales de la contratación, etc.); propiedad (Ley sobre propiedad horizontal); o derecho hipotecario (Ley y Reglamento Hipotecarios).
Procesos administrativos: En este ámbito, los procuradores deben dominar, principalmente, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
La nueva Ley de Eficiencia Procesal: impacto en la labor de los procuradores
La reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, viene a reformar gran parte del sistema judicial que conocíamos hasta ahora e introduce reformas significativas en diversas áreas del derecho.
Entre otras novedades, esta ley conlleva un cambio organizativo de los tribunales, de juzgados unipersonales a tribunales de instancia, y se introduce la obligación de acudir, con carácter previo a un procedimiento judicial en el orden civil, a los métodos alternativos o adecuados de solución de conflictos (MASC).
Por lo tanto, los despachos de procuradores, que operamos dentro de un complejo marco normativo que abarca leyes de diversos ámbitos y sectores, debemos conocer también las nuevas reformas que se produzcan en nuestro sistema judicial, estudiando los cambios que vengan con ellas. Estar al día en la normativa es esencial para conocer en profundidad las reglas con las que trabajamos y para garantizar un servicio eficiente y riguroso.
Desde Sevilla Flores queremos siempre ofrecer el mejor de los servicios a nuestros clientes. Si necesitas asistencia en materia de procuraduría o quieres colaborar con nosotros, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo.
